El pasado martes 13 de septiembre, la ministra de agricultura, Cecilia López, anunció al país una adición al presupuesto del sector para el año 2023. De 1.3 billones de pesos que había dejado presupuestado el gobierno de Duque, el de Petro, lo subió a $4.2 billones.
Con estos recursos, el gobierno quiere implementar la Reforma Rural Integral (RRI), del acuerdo de paz en la Habana. Para el conocimiento de todos, la RRI, tiene como objetivo principal reducir la pobreza y desigualdad en la población rural del país. Para ello, han establecido varias acciones concretas que van a requerir un cambio radical en la distribución del presupuesto del ministerio y sus entidades adscritas y vinculadas, con el fin de optimizar los recursos y lograr un mayor impacto social y económico en el corto plazo.
La clave para hacer rendir esa platica está en: i) bajar al 30% los gastos de funcionamiento y subir al 70% los de inversión; ii) ejecutar la mayoría de los programas a través de convenios de cofinanciación con los recursos de regalías que manejan las gobernaciones y municipios, y iii) direccionar las ayudas, subsidios e incentivos, a través de cooperativas agrarias o núcleos agroindustriales. Miremos algunos ejemplos.
