Algunos dirán que negociar con los violentos es parte de una práctica ya tradicional en nuestro país. Es cierto, aunque habría que advertir que no hay antecedentes de ceses del fuego que no hayan ordenado también parar todas las actividades delictivas.
Impedirle a la Fuerza Pública operar contra los violentos mientras ellos siguen delinquiendo es abiertamente inconstitucional porque, por un lado, no permite que cumplan con sus funciones y, por el otro, deja indefensos a los civiles.
También es un error y un problema. Es un error porque los hechos han demostrado que las negociaciones con los violentos no alcanzan la paz que se supone las justifican. Tras múltiples negociaciones ni ha terminado el conflicto armado ni ha disminuido la tasa de homicidios.
