Ortega y Gasset, en su ensayo sobre ‘La España invertebrada’, planteaba que, frente a las dinámicas que empujan la desintegración, se requiere una “incorporación” en la que “…la fuerza tiene carácter adjetivo. La potencia verdaderamente substancial que impulsa el proceso es siempre un dogma nacional, un proyecto sugestivo de vida en común”.
En Colombia hemos hecho lo contrario. La fuerza de las armas, necesaria pero adjetiva, ha sido “sustantiva” para zanjar las diferencias y, por ello, hemos vivido una violencia continua y destructiva, no solo en lo económico, sino en la afectación de la conciencia colectiva, pues aprendimos a vivir en “modo escepticismo” frente a las soluciones y en “modo desesperanza” frente al futuro.
En esta historia de violencia hemos tenido, sin embargo, destellos de esperanza. El más significativo en 1990, cuando el pragmatismo de Barco permitió desmovilizar al M-19; con indulto, más realista que la costosa justicia restaurativa, y con participación política no regalada. El “eme” logró 19 curules, fue protagonista en la Constituyente del 91 y, hoy, uno de los suyos es presidente de Colombia.
