El viernes 21 de marzo, durante una entrevista en Radio Guatapurí después del Consejo de Seguridad en Aguachica, la gobernadora del Cesar volvió a insinuar la necesidad de la “tasa de seguridad”. Una propuesta que ya había sido retirada anteriormente ante el rechazo de gremios y sectores sociales, pero que, al parecer, no ha sido descartada del todo (como lo comenté en la columna ‘Rumores de tasa 2.0’, el 8 de diciembre del año pasado). Como decimos por acá: cuando las luces parpadean antes de apagarse, la luz está que se va. Y no solo en referencia al suministro eléctrico, sino a la desconexión que muestra esta iniciativa frente a la verdadera realidad socioeconómica de nuestro departamento.
En cada intervención sobre este tema, señala que el impuesto no tocaría a los estratos bajos, como si ello fuera una garantía suficiente para justificarlo sin un mayor impacto electoral. Olvida que precisamente estos estratos son los más golpeados por la pobreza, la informalidad y el desempleo, problemas que solo se agravarían con la desaceleración económica que provocaría la aplicación de cualquier impuesto adicional. No es la tarifa de energía en sí lo que pondría en riesgo a las familias vulnerables, sino la pérdida de oportunidades laborales y el encarecimiento general de nuestra economía si seguimos recargando al sector empresarial con más tributos.
El Cesar desde hace rato muestra cifras que requieren soluciones de fondo, más del 65 % de informalidad laboral, una tasa de desempleo del 14 %, y una pobreza que afecta al 45 % de nuestra gente. Mientras tanto, seguimos en los últimos lugares de competitividad a nivel nacional. ¿De verdad creemos que la respuesta a la inseguridad es un nuevo impuesto sobre la factura de energía? En otras regiones donde ya opera esta tasa, como Barranquilla o Valle del Cauca, los indicadores de criminalidad apenas han variado ligeramente, sin ser una solución estructural al problema.
