Cada cuatro años, el presidente de la República y su equipo de gobierno, deben presentar ante el Congreso de la República, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), un documento donde van consignados básicamente los objetivos y programas del gobierno, las metas de ejecución y el plan de inversiones para el cuatrienio.
Este ejercicio de formulación y coordinación de los lineamientos estratégicos de las políticas públicas, tradicionalmente ha sido liderado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en coordinación con los ministerios, departamentos administrativos, entes territoriales y un círculo de tecnócratas apoyados por costosas firmas globales de consultorías, que creen que Colombia, inicia en Bogotá y termina en Anapoima o Subachoque.
Son documentos extensos con un nombre sexi y unas metas de aumento del PIB, empleos, infraestructura vial, coberturas en educación, salud, servicios públicos y reducción de pobreza, que nunca se cumplen. En el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Duque, por ejemplo, prometieron 12 pactos para fortalecer la competitividad y el desarrollo económico de las regiones, y cuatro años después, ninguno aguantó los aguaceros de octubre. Todas las regiones del país están literalmente incomunicadas y con pésimos servicios de energía, internet, acueducto y alcantarillado.
