COLUMNA

La farsa de la JEP y el delito de Petro

Los crímenes de lesa humanidad y de guerra no pueden quedar en impunidad de facto. No basta con una sentencia formal, con una simulación de justicia. Ni siquiera en los casos de justicia transicional.

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La primera sentencia de la JEP sobre secuestro es penosa. Casi ocho años para repetir lo de innumerables condenas en la jurisdicción ordinaria: que las Farc fueron secuestradores feroces. Después, porque las “penas” impuestas son de chiste y además la JEP usa un doble estándar. Debería haber impuesto una verdadera restricción de libertad y no lo hizo.

Tenía que haber determinado un confinamiento en un espacio no mayor a 15 hectáreas (“un tamaño máximo equivalente al de las Zonas Veredales Transitorias”, dice la norma). Seguirán moviéndose con libertad por todo el territorio nacional. Una burla y una violación a la misma ley de la JEP.

También deberían haber suspendido derechos políticos y tampoco lo hicieron. En cambio, a los militares sancionados por “falsos positivos” sí les establecieron esas restricciones. Finalmente, porque la decisión de la JEP establece que el Estado debe seguir pagándole a los bandidos carros blindados, escoltas y manutención y otras gracias monetarias.

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