La ejecución del megaproyecto de Hidroituango y su entrada en operación están en medio de una gran encrucijada y sigue sin disiparse la gran incertidumbre sobre la suerte del mismo que generó la grave contingencia que se presentó en abril de 2018. Dicha contingencia llevó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, a expedir la Resolución 820 del 1º de junio del mismo año mediante la cual suspendió la licencia ambiental que le había otorgado.
En el mismo acto administrativo le requirió a EPM de Medellín presentarle un dictamen pericial como requisito sine qua nom para reconsiderar la medida.
En efecto, dando cumplimiento a la misma se contrató a la consultora chilena Pöyry y EPM radicó su dictamen ante la ANLA, convirtiéndose para ella en una papa caliente en sus manos. Habiendo dispuesto la “la suspensión inmediata de todas las actividades regulares relacionadas con la etapa de construcción, llenado y operación del embalse, que hacen parte de las actividades que se llevan a cabo dentro de la ejecución del proyecto”, mientras esté vigente la susodicha resolución, es prácticamente imposible que entren en operación las primeras dos unidades, como lo ha anunciado EPM, en julio y noviembre de este año, respectivamente.
