En mayo y octubre del año pasado sugerí al gobierno nacional, a través de estas columnas de opinión, activar un programa de inversión pública para incentivar la producción de alimentos de la canasta básica familiar con el fin de afrontar la crisis global alimentaria debilitada por el Covid-19, el cambio climático, los altos precios de los commodities minero-energético y una guerra entre Rusia y Ucrania, que nos tomó por sorpresa.
Era un simple ejercicio de planeación estratégica entre los ministerios de Agricultura, Comercio e Industria, DNP y Hacienda, para amortiguar el impacto del costo de vida y la inflación, garantizar la oferta de alimentos y la seguridad alimentaria a 50 millones de colombianos y de paso, exportar algunos excedentes, aprovechando el “superciclo” de precios de los commodities agrícolas a nivel mundial.
Desafortunadamente, el gobierno no atendió mis sugerencias y hoy, tenemos una inflación por encima del 9% y un PIB agropecuario del -2.5%, pasándole la factura a más del 40% de los colombianos comiéndose escasamente dos platos de comida al día.
