Antes de suscribirse el TLC entre Colombia y los Estados Unidos en el año 2012, las partes acordaron establecer unos cupos de importación graduales en los primeros años, mientras el gobierno y los gremios de la producción agropecuaria lograban impulsar la productividad y competitividad de nuestros productores.
Uno de los sectores favorecido con este periodo de gracia comercial (limitación de contingentes de importación con aranceles bajos) fue el arrocero, al cual, además, se le favoreció con un esquema de recaudo arancelario a través de unos procesos de subastas de importación (ETC Col-Rice, por sus siglas en inglés) administradas por el representante de los arroceros de Estados Unidos, y del lado de Colombia, por Fedearroz. El recaudo de ese peaje arancelario durante estos siete años ha sido alrededor de unos USD 140 millones, los cuales a Fedearroz le correspondieron el 50%.
Con esos recursos (UDS 70 millones), Fedearroz debía cerrar las brechas del eslabón primario en términos de costos de producción, productividad, investigación genética, transferencia de tecnologías e infraestructura de riego, para que los casi 17.000 arroceros del país pudieran tener los rendimientos y costos por hectáreas iguales a los de sus competidores de Estados Unidos y Suramérica.
