En su reciente columna publicada en EL PILÓN, el ingeniero William Fuentes defiende la Avenida del Río como si se tratara de la obra que salvará a Valledupar de todos sus males. Sus argumentos suenan convincentes a primera vista, pero cuando se miran con lupa aparecen vacíos, omisiones y, sobre todo, una verdad incómoda: el proyecto es ilegal y destructivo.
Lo que se discute no es si es necesario intervenir la margen derecha del río Guatapurí. Lo exige la ley, lo reclaman los habitantes del sector y lo demanda la ciudad entera. La verdadera pregunta es cómo se debe hacer. Y la respuesta no puede ser la que propone la Gobernación del Cesar.
El proyecto actual de la Avenida del Río es, ante todo, ilegal. En el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la margen derecha está definida como zona de manejo y preservación ambiental. Allí solo se permiten usos de conservación, restauración, recreación e investigación científica. Una vía vehicular de 40 metros que abre la puerta a la urbanización de la franja protectora contradice de manera flagrante el POT, la Resolución 0098 de 2020 que adopta el POMCA del Guatapurí y las determinantes ambientales vigentes.
