Por Carlos Guillermo Ramírez
Con la expedición de la ley 1581 de 2012, se desarrolló el derecho Constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.
Pese a la vigencia de esta ley, los establecimientos comerciales continuaron recaudando y manejando los datos de sus clientes sin ninguna clase de restricción; por ello fue necesario que el Gobierno Nacional, expidiese el decreto 1377 de junio 27 de 2013, por medio del cual se reglamenta la citada ley, mediante el cual se reglamentan aspectos relacionados con la autorización del titular de la información para el tratamiento de sus datos personales, las políticas de tratamiento de los responsables y encargados, el ejercicio de los derechos de los titulares de información, las transferencias de datos personales y la responsabilidad demostrada frente al tratamiento de datos personales.
