En esta época de redes, de plataformas y de IA, propio del desarrollo de la revolución industrial, el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez atrae la atención de todos; no necesitamos esperar resumen de noticieros o periódicos, los detalles los conocemos gracias a X (Twitter) en tiempo real.
Las partes enfrentadas son el senador Iván Cepeda como denunciante y por el otro lado el exmandatario, los espectadores animan a cada una de las partes como verdaderas barras bravas del fútbol. Desde el inicio el proceso ha tenido muchos aspectos interesantes sin detenernos a valoraciones en favor o en contra de los protagonistas.
Una de las principales discusiones al interior del proceso se dio por cuenta de la renuncia del procesado a su posición como senador de la República, recordemos que el proceso inició cuando el señor Uribe tenía dicha calidad y allí empieza el análisis jurídico sobre dos puntos esenciales: el primero, determinar si el sistema aplicable en el asunto era la Ley 600 o la Ley 906, ambos vigentes, fenómeno propio de nuestro arrebato legislativo. Una vez resuelta esta situación el proceso se detiene en definir si la indagatoria propia de la Ley 600 era equiparable a la imputación de la Ley 906, lo que también llevó un tiempo hasta que se aceptó equipararlas.
