Las altas temperaturas y la escasez de lluvias en la región Caribe tiene a los agricultores y ganaderos muy angustiados por el impacto negativo que puede causarles este cambio climático en la productividad de las explotaciones agrarias y sus ingresos.
En los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar, por ejemplo, donde se siembran alrededor de 68.000 hectáreas de yuca, solo cayó un aguacero en abril. Muchos agricultores tuvieron que hacer resiembras y otros aplazar sus cultivos. En el Magdalena se afectó la producción de cajas de banano por hectárea y en el resto de los departamentos se redujo la producción de frutas, leche y carnes. Esta situación obliga al Ministerio de Agricultura y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a activar desde ya todos los instrumentos y mecanismos de ayudas para evitar que el daño sea peor. Ojalá no se repita la improvisación y mal manejo que le dieron a la emergencia invernal en La Mojana.
Claramente, esta situación pone en riesgo las inversiones hechas en las siembras de muchos cultivos, en los hatos ganaderas y demás sectores productivos. La ministra de agricultura, Jhenifer Mojica, tiene muy poco margen de tiempo para actuar y anticiparse a esta catástrofe, y así evitar una situación de desabastecimiento de alimentos en el país, lo cual impactaría gravemente el precio de la canasta familiar y la inflación, en el segundo semestre del año. Conociendo la burocracia ineficiente de este país y la absurda tramitología pública, lo más recomendable es decretar una emergencia climática, ambiental y económica, para facilitar la ejecución de los recursos públicos en los programas de ayudas.
