Por: Imelda Daza Cotes
El agua, un recurso cada día más escaso, es un bien común que satisface una necesidad vital, por eso el acceso a ella es un derecho que el Estado está obligado a garantizar y para que así sea debe asumir su manejo y administración con criterios de eficiencia máxima, responsabilidad social y sin ánimo de lucro. Es inaceptable plantear la atención de servicios básicos como una oportunidad para hacer negocios. Desafortunadamente en esta época de fundamentalismo neoliberal se impuso la reducción del tamaño del Estado y el afán privatizador es su soporte; para justificarlo se hace eco a la campaña de desprestigio de todo lo público como si la empresa privada estuviera exenta de errores, malos manejos e ineficiencia.
