Esta semana terminó su trámite en la Cámara de Representantes la reforma que entierra nuestro sistema de salud. Como ya lo había advertido, todos los aplazamientos en el trámite fueron deliberados para no tener que ponerle la cara al país durante las elecciones. Pasados los comicios, los liberales, la mitad de los conservadores, la mitad de los ‘verdes’ y, por supuesto, toda ‘la U’ concurrieron a garantizar el ‘quorum’ y a votar el proyecto, eso sí, en operación tortuga para asegurar las prebendas burocráticas y la mermelada, que fluyó a chorros en las últimas dos semanas.
De nada sirvieron las alarmas y los reclamos de todos los actores del sistema, incluidos los médicos, la academia, los gremios, los pacientes y la ciudadanía. Todas las líneas rojas, verdes y azules se esfumaron ante la aplanadora del Gobierno, que ya perdió no solo el temor a la justicia sino la vergüenza frente a la sociedad que confiaba en que el Cambio prometido era ante todo frente a las costumbres políticas.
La reforma que hasta ahora se ha aprobado en la Cámara es nefasta porque cambia el modelo de aseguramiento en salud, la más grande alianza público-privada que tiene este país y que ha garantizado la progresividad de este derecho fundamental. Con la reforma se estatiza el sistema de salud, se reemplazan 20 EPS por 25.000 Centros de Atención Primaria (Caps) que hoy no existen ni tendrán las capacidades técnicas necesarias, y sí toda la interferencia política y clientelista.
