Amigo, he escuchado varias veces tus comentarios acertados sobre la tentación de pensar que quien triunfa en la empresa privada servirá para gobernar en lo público. Coincido en que el sector público obedece a reglas distintas: transparencia, control político y derechos colectivos, pero también creo que, cuando tus observaciones se vuelven consigna, pueden cerrar la puerta a miles de ciudadanos que desean sumar sus competencias y conocimientos al servicio de la región. Y la cosa pública necesita sumar, no excluir.
Ajustados a estos tiempos en donde hace falta GERENCIA para lo público, vale recordar que el político de carrera por lo general no maneja con rigor indicadores de rentabilidad, productividad y sostenibilidad, los mismos que, combinados, generan competitividad. Llevar esa cultura del dato, los cronogramas y tableros de control al Estado ofrece la oportunidad de corregir el rumbo antes de que los errores cuesten demasiado y de asignar los recursos allí donde impactan más a la ciudadanía.
El privado puede abrazar el bien común. Traer a lo público las buenas prácticas empresariales no implica suplantar la deliberación democrática: significa enriquecerla con la disciplina presupuestal que prioriza y evita derroches, con la obsesión por el “usuario” que, traducida a lo público, devuelve dignidad al ciudadano, con redes de innovación y alianzas que acercan capital, tecnología y conocimiento. Negar de plano esas fortalezas sería, simplemente, un desperdicio.
