Ahora que el presidente de la República Gustavo Petro, en la recta final de su mandato y con el sol a sus espaldas, resolvió recomponer su gabinete ministerial y luego de la renuncia del titular del ministerio de Minas y Energía, Andrés Camacho, y se designó en su reemplazo a Edwin Palma, es propicia la oportunidad para que este último le dé un timonazo a la política del sector minero-energético y trate de recuperar el tiempo perdido para el mismo por sus dos antecesores y le imprima la dinámica requerida para sortear la gran crisis en que se debate el Sistema eléctrico y el abastecimiento de gas natural.
Al final de su pésima gestión frente al Ministerio este queda maltrecho con la barrida de la tecnocracia que inició Irene Vélez y continuó Camacho sin solución de continuidad. Nos dejó una de las dos empresas que presta el servicio de energía en el Caribe (Air-e) intervenida y con serios problemas, la otra (Afinia) a punto de tirar la toalla y todas las empresas comercializadoras de energía a punto de un apagón financiero y el riesgo de un racionamiento, como lo han denunciado ellas y lo advirtieron en un pronunciamiento conjunto recientemente la Contraloría General y la Procuraduría a punto de un apagón financiero que puede llegar a comprometer la continuidad de la prestación del servicio.
Deja a las empresas comercializadoras de energía con una deuda por concepto de los subsidios por valor de $2.7 billones, suma esta que, si cumple por parte del Ministerio de Hacienda con los prometidos abonos, se incrementará, en lugar de disminuir, a finales de abril, a $3 billones. Además, se va debiéndole a la comercializadoras de gas natural y de gas propano (GLP), por concepto de subsidios, $628.000 millones y $68.000 millones, respectivamente.
