“Es más fácil hacer política con los precios que
política de precios. Pero es infinitamente más
importante lo segundo”. David Yanovich.
Empecemos por reiterar lo que ya hemos dicho sobre la decisión del Gobierno de autorizar el aumento gradual del precio de referencia de la gasolina desde octubre del año anterior, manteniendo congelado el precio del diesel, en el sentido que este es un paso que se dio en la dirección correcta. Veníamos de un déficit acumulado del Fondo de estabilización de los precios de los combustibles insostenible e irracional. Y, como afirmó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, refiriéndose a esta decisión, “esta permitirá la reducción del déficit del FEPC de $36 billones en 2022 a cerca de $26 billones en 2023, cifra que sigue siendo muy elevada para las finanzas de la Nación y que debe seguir corrigiéndose”. Por ello, dicho comité dejó planteada su previsión de la corrección de la brecha de precios que acusa el ACPM hacia mediados de año, augurando que para entonces la inflación haya cedido.
Por esta razón, el anuncio de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en el sentido de establecer precios diferenciales para la gasolina “para no subsidiar a los grandes consumidores” y en cambio seguir subsidiando a los demás, cayó como un balde de agua fría. En su alegato aduce que no hace sentido que, si “nosotros somos productores y más o menos el 50 % de nuestra gasolina es nacional, que se mezcla con 50 % de gasolina importada…no tiene total sentido que el 100 % del precio de la gasolina se tase con el precio internacional”.
