Por Carlos Guillermo Ramírez
En Colombia es muy común, que las historias se repitan. En esta oportunidad me refiero a las privaciones injustas de la libertad por “error judicial” que ya son muy comunes y que de hecho, ocasionan daño moral y patrimonial a quienes lo padecen y por consiguiente, le generan demandas al Estado que se traducen en jugosas condenas a título de indemnizaciones a favor de todos los familiares afectados con esa medida, derivada de una falla en el servicio Judicial.
Años atrás vivimos el caso de Jubiz Hazbum, quien luego de permanecer cuatro (4) años en prisión acusado de la muerte de Luis Carlos Galán, la justicia lo declaró inocente; meses atrás, el caso del ex diputado Sigifredo López, acusado por la Fiscalía de tener vinculas con la subversión, todo porque en un video aparecía un sujeto con una nariz muy parecida a la de él, pero al final pudo demostrar su inocencia, y hace pocos días, el caso de Adolfo Gutiérrez Malaver, condenado a veintiocho (28) años de prisión, acusado de ser el autor del atentado terrorista de la sede de la Policía Nacional en Bogotá en el 2002, de los cuales alcanzó a purgar once (11) años, gracias a que la Corte Suprema de Justicia, declaró su inocencia a petición de la Procuraduría General de la Nación, quien siempre estuvo convencida de su inocencia.
