Por: Claudia Patricia Nuñez Padilla
El Gobierno nacional expidió la Ley 1480 de 2011 ó estatuto del consumidor como instrumento legal para la defensa de los derechos de los consumidores, pero trajo una novedad y es que esta protección se extiende a la regulación de las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores en todos los sectores de la economía, en el cual se incluye obviamente la construcción y venta de inmuebles destinados a la vivienda, dando origen así a la categoría del consumidor inmobiliario, figura que en la medida que la norma sea ampliamente divulgada será efectiva para que como comúnmente decimos no lo tumben ó le bailen el indio a la hora de adquirir una vivienda.
Uno de los derechos más importantes que tienen los compradores precisamente es a recibir por parte de los constructores y empresas inmobiliarias una información completa, veraz, transparente, oportuna, comprensible e idónea a cerca de la vivienda que desea adquirir, de lo contrario se estaría incurriendo en publicidad engañosa que es severamente castigada por la Superintendencia de Industria y Comercio con multas de hasta 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, más o menos la bobadita de 1.100 milloncitos de pesos y cierre temporal del establecimiento, para el caso puntual, del gestor inmobiliario, lo que significa que a diferencias de anteriores disposiciones, este estatuto tiene dientes para poner un tatequieto a quienes abusan del comprador.
