Ya ningún sector se escapa a los intentos del Gobierno por desinstitucionalizar y pretender a la fuerza concentrar en el Presidente decisiones que competen a otros poderes públicos. El más reciente, un burdo decreto que desconocía toda la normativa que regula la ejecución del presupuesto nacional, y que terminó cobrándose la cabeza de dos de los funcionarios más competentes de los que disponía el Gobierno.
Se ha tratado de enmendar el estropicio con el ya famoso decreto de yerros, expedido a las volandas, y que no subsana y ni siquiera disimula el hecho de que lo que ocurrió fue una acción deliberada, producto de una orden emitida en el palacio presidencial para modificar ilegalmente lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la ley del Presupuesto General de la Nación aprobada por el Congreso.
La fraudulenta maniobra les pareció muy fácil, pues bastaba con acumular algunos rubros del gasto aprobado por el Congreso para convertirlos en partidas globales, cuyo monto supera los 13 billones y cuya destinación específica se desconocía y, por lo tanto, el gasto hubiera quedado supeditado a la particular voluntad del presidente Petro. En otras palabras, lo que se decretó fue una dictadura presupuestal que no respetaba ni las normas ni los compromisos adquiridos.
Y al incluir el contenido del obligatorio anexo en el artículo 1.º del decreto, en la práctica lo que se estaba ocasionando era que el control del gasto de 2024 quedara exclusivamente en cabeza del presidente Petro, puesto que es él quien suscribe el decreto de liquidación del PGN y sus modificaciones. Por lo visto, Petro desconfiaba de su ministro de Hacienda y de su director de Planeación, y por ello se blindaba de sorpresas por una apropiación inconsulta de recursos a proyectos de infraestructura que no fueran los de su plan de gobierno.
