Por Indalecio Dangónd
La semana pasada les mostré en esta columna un diagnóstico del sector agropecuario cerrando el año 2022. Los indicadores de gestión, y las cifras macro del sector, están como los signos vitales de un paciente en una sala de cuidados intensivos con probabilidad de recuperación rápida si se toman las decisiones acertadas en materia de fomento a la productividad, reducción de los costos de producción y comercialización de la producción de alimentos y materias primas.
Durante estos cuatro meses, hemos visto a la ministra de agricultura, Cecilia López, organizando su equipo de trabajo, adecuando el presupuesto de inversión, analizando la situación de cada región y de cada subsector agrícola. A partir del próximo mes de enero, ya no queda tiempo, sino para ejecutar, ejecutar y ejecutar. En un país donde el 90% de los agricultores riegan sus cultivos con el distrito de riego de San Pedro, los calendarios de siembras no entienden de trámites burocráticos, traslados presupuestales, decretos ni resoluciones.
Sin duda alguna, el factor más importante para garantizar la oferta alimentaria a 51 millones de colombianos y exportar los excedentes, es el crédito de fomento agropecuario. Si ya sabemos, por ejemplo, que los colombianos consumimos alrededor de 2 millones de toneladas de arroz, pues, hay que garantizarles al sector arrocero (desde ya) un cupo de crédito (Finagro) de unos $4 billones, a un plazo de 8 meses con una tasa de interés que no supere el índice de inflación anual y respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías -FAG-.
