No es cierto que la democracia sea el “gobierno del pueblo y para el pueblo”, tal como se la define; ni siquiera en Grecia sucedió eso; allá hacían asambleas deliberativas, pero en ellas no participaban ni las mujeres ni los esclavos, solo los filósofos tomaban las decisiones; 2.500 años después, esto poco ha cambiado con la diferencia de que ahora no hay filósofos ni pensadores sino mercaderes y alcabaleros en los recintos donde se hacen las leyes.
Nuestro Congreso de la República, con algunas excepciones, no es más que un enclave legitimado de negociación con el ejecutivo donde cada partido y cada miembro tratan de obtener sus propias ventajas, diferentes a las del pueblo al cual dicen representar. Aquí pocas cosas se aprueban sin el conocido “cómo voy yo”, CVY, y hay líneas rojas que los partidos no están dispuestos a cruzar porque es preferible mantener viva la gallina de los huevos de oro a cualquier cambio por inequívoco que parezca y necesario que sea; el cambio les asusta porque sus sombras los delatan.
Claro, en estas negociaciones unos ganan más que otros, en especial los llamados jefes de partidos que más parecen conductores de borregos. La disciplina para perros de que se hablaba hace muchos años sigue vigente o, quizás, muchos eunucos la aceptan para lavarse las manos. Este concepto de bancada es antidemocrático porque impide la deliberación plena que conecte al congresista con su elector y con las necesidades nacionales. Más, cuando hay afinidades financieras del ejecutivo con el congreso y a veces ideológicas, cualquier transacción es posible. Recordemos aquel famoso “articulito”, del tamaño de una constitución, que permitió la reelección de Álvaro Uribe con un solo voto forzado por chantajes y amenazas en nombre de la seguridad democrática, no tan segura, que violó la Constitución con el aval de una corte asustada.
