Dos hechos despertaron atención de la sociedad colombiana durante esta convulsionada semana en materia de seguridad pública, el cruel hallazgo de los restos de Sofia Delgado, la menor secuestrada en el municipio de candelaria, Valle del Cauca, lamentablemente hallada en la últimas horas sin vida y con signos de violencia física y sexual, en atención a la investigación desplegada por las autoridades judiciales que individualizaron y capturaron al señor Brayan Campo, presunto perpetrador de estos repulsivos hechos.
El otro episodio que estremeció la opinión pública, de los tantos que generan sismos informativos en nuestra macondiana realidad, se suscitó por la muerte de Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los cañaduzales, quien fue condenado en 2003 por su responsabilidad en el asesinato y violación de 21 niños en el Valle del Cauca en la década de 1990.
Este último episodio genera palpitación social, no por la muerte del referido condenado tras un ataque de las disidencias del FARC al vehiculó del INPEC que transitaba por la vía panamericana –perdónenme si sueno insensible, pero hay que ser sensatos- sino porque revive interrogantes que rotan sobre la eficacia y satisfacción de justicia a la hora de aplicar las sanciones penales a esta clase de infractores.
