Por: Imelda Daza Cotes
Esta pequeña isla mediterránea con escasos 9.250km2 de extensión, 1.2 millones de habitantes, miembro de la eurozona desde 2007, era, hasta hace poco, un país floreciente cuyo PIB crecía un 3.8% anual, con una deuda pública baja y refugio de grandes capitales (0.2% del total de depósitos bancarios de la UE) atraidos por los bajos impuestos.
Poco a poco la isla empezó a operar como un paraiso fiscal para capitales turcos, rusos, ingleses y griegos que huían de la crisis, evadían impuestos y/o lavaban dinero. Esta economía, si bien pequeña (0.17% del PIB-eurozona) era estable y creciente, basada en un incipiente sector agrícola, un moderado sector industrial y un amplio sector servicios con el turismo como actividad básica y los servicios bancarios como un renglón estratégico. Un sector bancario fuerte y un régimen tributario flexible eran la mejor garantía de solidez económica, aconsejaban los expertos. Nada era cierto, en Chipre ocurrió lo mismo que en otros lados. Los bancos aprovecharon la liquidez para financiar burbujas inmobiliarias y para comprar deuda griega que resultaba rentable por la presión a la que estaba sometida Grecia, pero en 2011 parte de esa deuda fue anulada, la banca chipriota quebró, las agencias calificadoras rebajaron la nota, estalló la crisis y Chipre tuvo que pedir ayuda a la UE. Ni el Banco Central ni los eruditos de la economía supieron advertir lo que venía y a la hora de tomar las grandes decisiones no se consultó al Parlamento donde radica la soberanía popular. Hasta ahí llegaba la democracia para dar paso a la “tecnocracia”.
