La reciente declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo ha sacado a flote, una vez más, las falencias en la estrategia de seguridad y paz del gobierno de Gustavo Petro. Esta región, históricamente golpeada por el conflicto armado, vive hoy un agravamiento de su crisis, en medio de promesas de paz que parecen desvanecerse frente a la realidad de territorios donde el Estado sigue ausente o débil. Es imposible ignorar la magnitud del problema cuando incluso en el departamento del Cesar, municipios como González y Río de Oro se encuentran afectados por esta medida excepcional.
El gobierno había prometido una paz total que integrara a todos los actores armados al diálogo, pero los avances son lentos y los retrocesos son evidentes. La situación en el Catatumbo es un ejemplo contundente de cómo la falta de una política clara y efectiva no solo pone en entredicho los compromisos del gobierno, sino que además perpetúa la violencia y el abandono estatal en estas zonas. Más que promesas de mesas de diálogo, se necesitan resultados concretos y acciones rápidas que garanticen seguridad y justicia para las comunidades.
Es preocupante que el discurso de paz se diluya en un contexto donde las cifras de desplazamientos, homicidios y enfrentamientos no hacen más que aumentar. ¿De qué sirve hablar de paz total si en territorios como el Catatumbo el conflicto es la única constante? La ausencia de una estrategia contundente para enfrentar las dinámicas criminales y garantizar una presencia estatal integral está condenando a miles de familias a vivir en el miedo.
