De las tres ramas del poder público la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, muy a pesar de los embates para desprestigiarlas, han sido las de mejor desempeño en el contrapeso al ejecutivo, a la luz del Artículo 19 de la Constitución, que prescribe la separación de poderes, a la sazón catalogadas decorosas actuaciones, porque hacer lo contrario sería arrodillarse ante la majestad de la figura presidencial, que día a día agiganta su poder.
He ahí la complicidad de un Congreso de la República que le aprueba todo al Jefe de Estado, hasta con vicios de constitucionalidad, como se acaba de demostrar con la Ley de Garantías, tras su estrepitosa caída, pero el daño está hecho y representa réditos electorales para el candidato del establecimiento, como quiera que la gran mayoría de los 12 mil contratos firmados con modificación del Artículo 124 de la Ley de Garantías, inserto en la Ley de Presupuesto General de la Nación para el 2022, por valor cercano a los $19 billones, buena parte ya han sido ejecutados, y esto tiene nombre propio: se llama “corrupción”, encabezando la mayor contratación Bogotá, Tunja y Medellín, por la no despreciable cifra de $10 billones.
Tras la decisión de la Corte Constitucional todos estos contratos firmados entre el 19 de octubre de 2021 y el 12 de marzo de 2022 tendrán que ser liquidados debido a que el fallo tiene efectos retroactivos, pero el sesgo a la norma se ha consumado y la mermelada ha rodado con fines electoreros.
