En el país hay miles de ciudadanos que laboran con el Estado Colombiano mediante contrato de prestación de servicios. A pesar de la modificación de la Ley de Garantías en el presupuesto general de la nación, está vigente la prohibición de la contratación directa y preocupa a muchos que no tienen firmado la renovación o contrato nuevo, plazo límite hasta el 29 de enero de 2022.
De lo contrario se tendría que esperar hasta que terminen las elecciones. Esta situación refleja un fallo judicial condenatorio para los que se encuentran desempleados.
Cabe recordar que los “contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”, están instituidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, los Decretos 1082 de 2015 y 019 de 2012.
