Con asombro vi como en un reconocido restaurante de Valledupar se me solicitó el carnet de vacunación para permitirme ingresar a la hora del almuerzo. Iba con mi esposa y con una pareja de amigos muy queridos. Esto sucedió el pasado martes 16 de noviembre, fecha establecida por el Gobierno Nacional para dicha exigencia. Este país, esta región, deben unirse para continuar combatiendo el Covid-19 de la manera más contundente.
Escuché al Dr. Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud, decir que una vez se hizo pública la exigencia del carnet para ingresar a diferentes lugares y participar de eventos, aumentó considerablemente el número de personas vacunadas. Eso habla bien de la decisión y muestra que a veces el Estado tiene que “apretar” para que los ciudadanos marchemos a otro ritmo. De todas maneras es válida la discusión acerca de si este tipo de determinaciones vulnera la libertad de las personas. Analicemos el asunto.
Como excatedrático de Constitucional General de la Universidad del Rosario de Bogotá donde me recibí de abogado, me casé hace muchos años con la teoría construida por los denominados “contractualistas” que pretende explicar el origen del Estado, el porqué de esta organización. Juan Jacobo Rousseau, palabras más palabras menos, dice que los ciudadanos al nacer en un determinado lugar se acogen tácitamente a un “contrato social”, que les permite pertenecer a un Estado (que cuenta con una población, un espacio geográfico y un poder organizado de cierta manera) ganando un conjunto de libertades civiles y sacrificando su libertad natural. Es decir, que hacer parte de un Estado impone directamente deberes que como contraprestación generan derechos; esos derechos junto con su titular, deben ser defendidos y respetados con ahínco por todos aquellos que han suscrito el contrato en cuestión.
