El presidente de la República, Iván Duque Márquez, estuvo la semana pasada en Valledupar y en otros sitios de nuestro departamento. Además de entregar algunas obras, planteó su propuesta de cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños, a raíz de unos crímenes horrendos, como el asesinato de menores de 7, 11 y 14 años. El último fue el de la niña Sharik y el secuestro de Santiago, con quienes usaron métodos de tortura. A raíz de estos hechos violentos, se ha vuelto a rumorar el tema de cadena perpetua o pena de muerte.
Es así como un gran sector, entre ellos algunos parlamentarios han venido insistiendo en el restablecimiento de la pena de muerte para delitos como terrorismo y hechos atroces.
Siempre estas propuestas aparecen, generalmente, como una reacción contra ciertos hechos violentos que por su gravedad afectan de manera notoria la percepción ciudadana de seguridad y hacen poner en duda la efectividad del Estado para enfrentar la violencia y delincuencia. Sin embargo, esas propuestas también se caracterizan por hacerse al calor de los acontecimientos y sin ninguna discusión previa que permita a la ciudadanía comprender, a través de su participación en el debate, la naturaleza de la sanción eliminatoria, sus efectos sobre los Derechos Humanos de los procesados, las posibilidades que entrarían de hacer irreparable el error judicial y, en general, los argumentos sobre su racionalidad y su eficacia. Todos estos argumentos son más emocionales que racionales, y no encuentran sustento en la realidad.
