El reciente anuncio del aumento del 23,7 % al salario mínimo para 2026 ha sido presentado bajo una narrativa de justicia social, casi como un triunfo heroico de la clase popular frente a los “megaricos”. En el papel, la cifra emociona a muchos; sin embargo, cuando aterrizamos los números a la realidad de las calles de Valledupar, el entusiasmo se transforma en preocupación. Criticar la desproporción de este aumento no es estar en contra del trabajador; es, por el contrario, advertir que una medida popular de hoy puede ser el hambre de mañana para la mayoría.
Las cifras son claras. Según datos que se desprenden de las mediciones del DANE y los registros de seguridad social, en Valledupar somos aproximadamente 575.000 habitantes, pero solo cerca de 74.000 gozan de un empleo formal. Esto significa que el beneficio directo del aumento solo llegará al 13 % de los vallenatos. El problema radica en que, aunque el beneficio es para unos pocos, el castigo del “efecto cascada” es para todos.
El aumento del mínimo dispara automáticamente los costos de vida. Al estar indexados al salario, subirán los precios de los alimentos, los servicios públicos, las cuotas moderadoras de salud, los trámites notariales y el costo de la vivienda VIS, hasta los valores por fotomultas que tanto nos golpean hoy en Valledupar. Aquí es donde aparece la verdadera injusticia. Al mototaxista, al vendedor ambulante de la carrera novena o a la joven que trabaja por el diario entre 40 o 60 mil pesos en un almacén no se les aumentará sus ingresos en un 23,7 %. Sin embargo, ellos sí tendrán que pagar un almuerzo y servicios públicos más caros.
Incluso el sector público, el mayor empleador formal de nuestra ciudad, se verá muy afectado. El incremento obligará a las administraciones a destinar más presupuesto al funcionamiento (nómina), restando recursos vitales para la inversión en seguridad, infraestructura y salud. Especial mención merecen los trabajadores por OPS (Orden de Prestación de Servicios): para ellos, el aumento del mínimo no es un ingreso extra, sino un egreso mayor, pues la base sobre la cual pagan su salud y pensión subirá ostensiblemente, reduciendo el dinero neto que llevan a sus hogares.
Para el sector salud, este aumento podría ser el tiro de gracia. Las instituciones ya atraviesan una situación financiera crítica y el incremento del 5 % en los giros anunciado por el Gobierno resulta insuficiente frente al 23,7 % de alza en el salario mínimo. En resumen, se les exige prestar los mismos servicios con un presupuesto que crece cinco veces menos que su componente de costo más pesado: el talento humano.
No estamos ante una pelea de ricos contra pobres. Estamos ante una medida que, al no ir acompañada de un crecimiento real de la economía (un PIB proyectado de apenas 1,5 %), debilita la formalidad y empuja a las pequeñas empresas hacia la informalidad del 65 % que hoy ya nos duele.
Ser responsables con la economía de largo plazo no es una postura antipopular; es proteger el empleo de quienes lo tienen y no cerrarle la puerta a quienes sueñan con conseguirlo. Necesitamos medidas que fomenten la productividad y alivios reales en los costos de vida, no solo decretos que, al final del día, se diluyen en una inflación que termina castigando con más fuerza a los más vulnerables.
Por Ricardo Reyes
