Comienza el año con los desconcertantes anuncios de Petro y de su ministro Bonilla, de iniciar la discusión y el trámite de una nueva reforma tributaria. El país recuerda muy bien el compromiso del exministro Ocampo en las discusiones de la reforma del 2022 en cuanto a que esa sería la única reforma fiscal que propondría el Gobierno. Pues no. Ahora nos vienen con la muy tramposa propuesta de que la iniciativa solo buscará reducir el impuesto a personas jurídicas del 35 % actual al 30 %. Difícil creer en la sinceridad de esta propuesta, pero, aun en este caso, ¿cómo asegurar que en el trámite del proyecto no se terminen reviviendo todas las pretensiones no atendidas en la reforma pasada o aquellas que la Corte encontró inconstitucionales en sus recientes decisiones?
Detrás de esta iniciativa lo que de verdad existe es un nuevo intento de Petro de incrementar los impuestos a las personas naturales. Así lo dijo con toda claridad esta semana, y también lo hizo su confundido ministro de Hacienda antes de recular frente a las cámaras de los medios de comunicación. Porque la idea original no era otra que cubrir la reducción a las personas jurídicas con un aumento a las naturales. Populismo que no resistió el menor análisis dado el descomunal incremento que la Ley 2277 de 2022 había hecho a los tributos de las personas naturales, y más aún a los positivos resultados obtenidos en materia de recaudo.
Oportuno es recordar que dicha reforma afectó a las personas naturales principalmente por el cambio que generó en el tratamiento de las rentas exentas y deducciones aplicables. Este efecto, aunque ya se notó en 2023 por las retenciones que se hicieron a los que son asalariados, la verdad es que solo se va a percibir realmente cuando se presenten las declaraciones de renta del año 2023.
