El Consejo de Estado hizo lo que le ordena la Constitución, revisar si el decreto expedido por el Gobierno sobre el salario mínimo se ajustaba a lo que la Carta y la ley ordenan. No podía hacer menos ni nada distinto. Hubiera prevaricado.
No se trataba entonces de que el alto tribunal hiciera evaluaciones económicas, consideraciones políticas o cálculos sobre el impacto electoral de su decisión. No puede. En democracia, las tareas, derechos y obligaciones de las instituciones y los funcionarios públicos son regladas. Es la esencia del Estado de Derecho. No pueden hacer lo que se les antoje. Su radio de acción está claramente definido por las normas jurídicas y solo pueden hacer lo que les está expresamente permitido.
De manera que el Consejo de Estado falló en derecho. Al estudiar el decreto, encontró que el monto del aumento fue caprichoso, no se ciñó a los criterios establecidos en la ley y violó los precedentes constitucionales.
