La Superintendencia de Servicios Públicos viene dando palos de ciego, tomando decisiones que, lejos de disipar y conjurar los riesgos que afronta la prestación de los servicios públicos, en particular el de energía eléctrica, más bien los está exacerbando. Como se recordará, el pasado 13 de diciembre emitió una circular mediante la cual se “prohíbe dar inicio o continuar con el procedimiento de limitación de suministro cuando la Superintendencia de Servicios Públicos haya tomado posesión de la empresa morosa”. Dicha disposición tiene nombre propio, la empresa Air-e, pero tiene dos problemas, uno legal y otro de inconveniencia.
En cuanto a su legalidad, a diferencia de las otras superintendencias, cuyas actuaciones se pueden dar a través de circulares, a la de servicios públicos no le es dable hacerlo. Además, con esta Circular se ha dado por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos una pésima señal, ya que al prohibir poner en práctica la limitación de suministro, que está reglada por una resolución de la CREG que se aplica cuando un agente deja de cumplir con sus obligaciones de pago, particularmente la energía contratada con los generadores, estos pueden dejar de despachársela.
El mensaje de la Superintendencia es que así no pague Air-e la energía contratada con los generadores, estos se obligan a seguir proporcionándosela, poniéndolas en aprietos, pues ellas a su vez tienen sus obligaciones que cumplir con sus proveedores, lo cual puede llevar al temido efecto dominó, comprometiendo de paso la continuidad de la prestación del servicio de energía a sus usuarios.
