Mis lectores han sido testigos de cómo en más de 10 columnas he alertado sobre la reforma de la salud, la que en mi criterio era la más grave iniciativa del Gobierno, ya que ponía en peligro la vida y el bienestar de toda la población colombiana.
Fiel a su estilo impositivo, el Gobierno prefirió hundir la reforma antes que concertar su contenido. Yo sigo pensando que hubiéramos podido avanzar en muchos temas como fortalecer la atención primaria, eliminar o al menos ordenar la integración vertical, eliminar también la intermediación laboral, formar un mayor número de especialistas, fortalecer la red pública de hospitales y avanzar hacia una cobertura territorial plena, para citar solo los más relevantes. Todos sabemos que el actual sistema necesita ajustes que se pueden hacer construyendo sobre lo construido y no arrasando lo que con tanto esfuerzo se ha hecho en más de treinta años.
Pero por lo visto la Semana Santa le sirvió al Gobierno para afinar su decisión de crucificar el sistema de salud por vía administrativa, prescindiendo de la aprobación de una ley que había calificado de indispensable. ¿En qué paró aquello de que el proyecto se tramitaría en las calles y con el pueblo? Pues en nada, ante el rechazo contundente de la ciudadanía que entendió que el sistema puede y debe mejorar, pero no lanzándose al vacío de una estatización total de la salud.
