La semana pasada se reunió la comisión de seguimiento y garantías electorales, con presencia de la Procuraduría, la Fiscalía, los partidos políticos y, por supuesto, el Gobierno y los mandos militares. En esa cumbre se pusieron de presente la falta de seguridad en más de cien municipios del país, los asesinatos y la prohibición impartida por organizaciones criminales a candidatos para inscribirse por Cambio Radical y el Centro Democrático. Igualmente, se informó de problemas en los sistemas de la Registraduría. Pero, de lejos, el mayor cúmulo de preocupaciones versó sobre la corrupción y la intervención de gobernadores y alcaldes en el proceso electoral.
Tan solo en la Procuraduría reposan más de dos mil denuncias. Ante la gravedad de la situación, la doctora Cabello anunció la creación de una “comisión especial para seguirles el paso”. Me pregunto, a 7 días de las elecciones, ¿qué se ha hecho? ¿A quién se ha sancionado o al menos reprendido? Todos los denunciados siguieron más activos que nunca exhibiendo un total descaro y despreocupación por el poder sancionatorio del ente de control. No podía ser de otra manera, después de observar lo que ha ocurrido con los miles de denuncias por corrupción a todo nivel sin que nada haya pasado o vaya a pasar. Todo esto me confirma la conveniencia de eliminar la Procuraduría.
Todos los investigados van a terminar sus mandatos en la total impunidad fiscal, disciplinaria y penal. Para asegurar que nada les sucederá, en la retirada es indispensable cubrir el frente interno, haciendo elegir a como dé lugar a sus sucesores, única manera de asegurar que se cumplan los compromisos con los contratistas y que no se vayan a destapar las ollas de corrupción que han dejado a su paso por la Administración.
