Por José Félix Lafaurie Rivera

Cuando creíamos que nada volvería a sorprender en el corto año que le resta la administración Santos, lanza en medio del prolongado paro, el “referendo electorero de los amigos por la paz”.

Los reveses políticos no se hicieron esperar. Saltaron las posiciones irreconciliables de Cuba, con las exigencias de las Farc de una Constituyente e impunidad garantizadas, al punto de rechazar el “regalo de las curules” si el precio es el Congreso para unos y la cárcel para otros. Y para cerrar, la Corte Constitucional declaró exequible el Marco Jurídico para la Paz condicionado al fin del conflicto y sin impunidad. En línea con la Corte Penal Internacional.
 
El estrecho “timing electoral” llevó al Ejecutivo a saltar al sexto punto del Acuerdo, cuando está lejos de un texto definitivo en la negociación.

La intención es pegar las elecciones al Referendo, para manipular a los electores con un tarjetón que busca avalar los acuerdos, pero atado a una cacería de votos reeleccionistas que se definirá entre “amigos” y supuestos “enemigos” de la paz.

Solo así se explica la pretensión de modificar la Ley 134 de 1994, que consagra la independencia y atención que debe tener el ciudadano, para apoyar o rechazar reformas a la Constitución.
 
En medio está el nudo gordiano de la Constituyente de las Farc, para coronar su “paz con impunidad” y evitar su impugnación. Y, entonces, ¿cómo hacer compatible ese escenario con los requisitos de la Corte? Acaso ¿es previsible el fin del conflicto, antes de alcanzar la norma constitucional o votar el Referendo? No lo creo.

Lo grave es que estaríamos ad-portas de reeditar historias dolorosas que mezclaron votos con armas y narcotráfico, como la emergencia de la UP o los comicios con dineros calientes del “8.000”.
 
De poco servirá al Gobierno su “tarjetón electorero” para encontrar un punto intermedio a las exigencias de los altos tribunales, narcoterroristas, víctimas y la sociedad que detesta a las Farc y rechaza en un 80% la impunidad. La generosa salida para los narcoterroristas sólo traerá más fracturas sociales.

Así lo demuestra el vandalismo armado que, aprovechando la pauperización del campo, promueven los comensales de Cuba. El Gobierno perdió la autoridad y no la recobrará hasta que suspenda los diálogos de La Habana.