La bajos ingresos tributarios y los malos manejos de los gobernantes de Valledupar obligaron al municipio a acogerse en el 2014 al Acuerdo de Reestructuración de Pasivos (ARP) o Ley 550 de 1999, creada para recuperar la solidez económica en las entidades territoriales con problemas financieros que imposibilitaran el cumplimiento de sus pagos.
Para el 2014, el municipio debía a cuatro acreedores la suma de $211 mil millones. En orden de mayor a menor cuantía, a las entidades financieras debía $67 mil millones; a las entidades públicas e instituciones de seguridad social $55 mil millones; al grupo de acreedores externos $25 mil millones, y a los trabajadores y pensionados alrededor de $5 mil millones.
Aunque el aumento irresponsable en los gastos fiscales venía de varias administraciones anteriores, en la 2008-2011 el gasto fue desproporcionado respecto a los ingresos. De $256 mil millones en el 2008 a $382 mil millones en el 2010, un aumento del 49 % en el gasto, contra unos ingresos que aumentaron solo un 16 %.
