Los alcaldes de los municipios de Chiriguaná, El Copey, El Paso, Manaure, Codazzi, Río de Oro, San Martín y Tamalameque, así como los presidentes de la vigencia actual y anterior de la Asamblea del Cesar, hacen parte de la lista de entidades que se encuentran en la mira de la Contraloría Departamental del Cesar por incumplir con la Resolución 0000377 del 15 de junio de 2010 que las obliga a rendir informe de su gestión.

El ente de control abrió un proceso administrativo sancionatorio fiscal a 30 entidades del departamento, que tenían hasta el 28 de febrero del presente año para presentar el consolidado de la contratación o para hacerlo de forma incompleta en la Plataforma SIA, sobre lo realizado en la vigencia 2016.

Los gerentes de hospitales, empresas de servicios públicos, concejos municipales y el Centro de Rehabilitación y Orientación del Menor Infractor (Cromi), cuyos representantes legales ya fueron notificados manera personal, también serán investigados.

“Este proceso es fruto de la evaluación a la gestión que estamos realizando en aras de que exista un buen funcionamiento y desempeño administrativo en el interior de estas entidades. De esta manera hacemos un llamado a los representantes legales para que en lo sucesivo cumplan con la rendición de cuentas dentro de los términos y plazos establecidos e impulsar de esta forma la transparencia y celeridad dentro de sus procesos misionales”, expresó el contralor Cesar Cerchiaro de la Rosa.

El proceso que le inician a estas entidades está sustentado en el Artículo 101 de la Ley 42 de 1993, que ordena a los contralores imponer multas a los servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco salarios devengados por el sancionado, a quienes no comparezcan a las citaciones que en forma escrita les hagan las contralorías; no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por ellas.

Andreina Bandera/ EL PILÓN
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