A través del Acuerdo N°. 017 del 6 de diciembre de 2019, el Consejo Superior Universitario, CSU, de la Universidad Popular del Cesar, UPC, tomó la decisión de anular la consulta estamentaria y designar el próximo doce de diciembre entre los nueve candidatos al rector de la universidad para el periodo 2020-2023.

El Consejo se basó en un precedente de la Universidad Surcolombiana, USCO, con sede en Neiva, Huila. La Usco creó un artículo nuevo titulado ‘Imposibilidad de adelantar un proceso de consulta’, en el que quedó establecido que “si una vez iniciado el proceso de designación de Rector no se logra su culminación satisfactoria, conforme al calendario establecido para el efecto, el Consejo Superior procederá a designar de manera inmediata y directa”.

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Por eso, en el acuerdo de este viernes, en el primer artículo, el Consejo Superior decretó “dar aplicación analógica al artículo 6º del Acuerdo No. 015 del 14 de abril de 2004, proferido por el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, Institución de Educación Superior”.

Además, señaló que el CSU deberá “escuchar las propuestas de los aspirantes, debidamente inscritos, al cargo de rector periodo 2019 – 2023 (SIC) de la Universidad Popular del Cesar y proceder a designar de manera inmediata y directa del listado conformado por ellos, a la persona que ejercerá dicho cargo en propiedad, durante el periodo anteriormente indicado”.

Por el antecedente de desórdenes durante las jornadas, de ser necesario por razones de seguridad, la sesión será convocada para realizarse en un lugar diferente a las sedes de la Universidad Popular del Cesar.

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El calendario estableció que la sesión del Consejo Superior para exposición de propuestas de los candidatos ante el Consejo Superior y para designación del Rector 2019-2023 será el doce de diciembre.

ANTECEDENTES

Esta decisión se toma luego de dos fracasos en la realización de la consulta. Primero el 16 de octubre cuando el sistema virtual falló y debió suspenderse la elección.

Luego, el 28 de noviembre, el orden público fue el argumento para suspender la consulta. En ambas elecciones se gastaron más de $65 millones de pesos.

¿QUÉ VIENE?

Varios candidatos han señalado que la decisión es violatoria de la Ley 30, los estatutos, normas y va en contra de la autonomía universitaria. “Como no pudieron validar el fraude electoral que estaban fraguando, queriendo imponer unos resultados que conformaron a puertas cerradas, violando la cadena de custodia del material; eso es un técnico fraude electoral, como no lo lograron, intentan imponer su candidata (SIC)”, señaló Carmen Alicia, candidata.

Por su lado, el candidato Jhon Carpio señaló que tomarán medidas en contra de la decisión. “En el proceso de designación de rector de la Universidad Popular del Cesar (se) escribe un nuevo capítulo. Ahora de corte Monárquico (SIC). El Consejo Superior Universitario acaba de desconocer estatutos de la institución, inspirados en el afán desmedido de imponer unos intereses personalísimos”, argumentó Carpio.

Sin duda, una decisión polémica que desencadenará diferencias y pleitos, como lo auguran algunos candidatos.