30 noviembre, 2019

Con elecciones suspendidas y sin rector encargado, ¿qué viene para la UPC?

Todo indica que será hasta el lunes o el martes cuando el Consejo Superior Universitario se reúna para atender dos temas claves: la vacante en la rectoría y el futuro de la consulta estamentaria. Todo indica que el tercer intento deberá esperar hasta el 2020 por el poco tiempo que le resta al segundo semestre académico del 2019.

Las autoridades ofrecieron una rueda de prensa para explicar el futuro de la consulta. 

FOTO/SERGIO MCGREEN.

Lo que sería la solución a la crisis institucional que sufre la Universidad Popular, terminó siendo un agravante. Este viernes, luego del fracaso de la jornada electoral del 28 de noviembre, renunció la rectora encargada, Alexi Brito, que por medio de un oficio, aseguró que se retiraba del cargo por razones personales.

Brito llegó a finales de agosto del presente año reemplazando a reemplazar a Jesús María Valencia con el objetivo principal de desarrollar la consulta estamentaria para elegir rector que viene siendo aplazada y dilatada desde el mes de marzo. Sin embargo, la funcionaria es la segunda rectora encargada que naufraga en el objetivo de desarrollar las elecciones.

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Todo indica que será hasta el lunes o el martes cuando el Consejo Superior Universitario se reúna para atender dos temas claves: la vacante en la rectoría y el futuro de la consulta estamentaria. En el primer caso, se estudiará una terna que podría estar conformada por tres miembros de la UPC.

De allí saldrá el rector encargado que dirigirá el tercer intento para que los estamentos (estudiantes, profesores y egresados) voten por los cinco elegibles entre los que el Consejo Superior designará al rector para el periodo 2020-2023.

No obstante, todo indica que el tercer intento deberá esperar hasta el 2020 por el poco tiempo que le resta al segundo semestre académico del 2019.

Está el atenuante que estamos ad portas de exámenes finales. Si el Consejo Superior toma la decisión de no reconocer nada, prácticamente quedaría la cita para el próximo año. El tiempo es demasiado corto para repetirlo este año”, relató Orlando Seoanes, vicerrector administrativo de la UPC.

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De realizarse el próximo año, el rector estaría posesionándose casi a mitad del 2020. En el calendario académico del próximo año las clases inician el 17 de febrero. Si el Consejo Superior convoca para el 2020, según los conocedores, debería realizarse la consulta entre finales de marzo y abril para contar con mes y medio para logística y hacer los ajustes. Entonces hasta mayo se estaría posesionando el nuevo rector de la universidad.

Las autoridades ofrecieron una rueda de prensa para explicar el futuro de la consulta. FOTO/SERGIO MCGREEN

SEGUNDO FRACASO

Primero fracasó el proceso electoral del 16 de octubre, un golpe duro a la credibilidad de la elección de rector. Implementando algunos cambios, las autoridades del centro académico buscaban recuperar la credibilidad hacia el proceso. Sin embargo, de nuevo fracasó la consulta y debió suspenderse la jornada en la que se planeaba escoger los cinco candidatos entre los que el Consejo Superior Universitario designará al rector para el periodo 2020-2023.

De los fallos del primer intento se tomaron algunas decisiones, estableciendo una consulta presencial para dos estamentos (estudiantes y profesores) y virtual para los egresados. Igual que el pasado 16 de octubre, falló la elección virtual con el agravante que este caso la inversión fue mayor.

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En la primera jornada, la Universidad Industrial del Santander, UIS, según el secretario General, cedió el sistema virtual sin costos, más allá de la logística. Pero esta vez, la UPC contrató a una empresa de ciberseguridad por un valor de $18 millones, no obstante, la página no funcionó por más de cuatro horas culpa de ataques cibernéticos.

A esos gastos se suman los más de $20 millones gastados en logística para el jueves 28 de noviembre. “Desde que comenzó el primer proceso, hasta el 16 de octubre, la universidad gastó $25 millones de pesos. En el segundo proceso se gastaron alrededor de $40 millones de pesos. Esta vez es más costoso por costos como la empresa de ciberseguridad que se contrató por $18 millones de pesos. El resto de los costos, correspondió a silletería, tarjetones, alimentación, entre otros. Eso es un gasto, eso es irrecuperable. Lastimosamente este proceso está lapidando recursos porque no se están cumpliendo los objetivos”, agregó el vicerrector administrativo.

FALTABA UN ESTAMENTO

Siguiendo lo establecido en el Acuerdo 005, el Tribunal de Garantías de la universidad extendió el horario de la jornada electoral las mismas horas que se había encontrado suspendido el proceso. Sin embargo, los candidatos retiraron los veedores, por lo que se tomó la decisión de suspender la elección virtual de los egresados.

En el caso electoral, por ejemplo, para cargos públicos cuando se registran irregularidades en uno de los puntos de votación la suspensión de los votos se da en la mesa de votación y no de la elección. Al ser cuestionado sobre este punto, el Tribunal de Garantías señaló que en las consultas de estamentos el camino a seguir es diferente.

“Esta es una consulta estamentaria y deben estar los tres estamentos. Entonces se suspende el proceso porque no puede continuar con solo dos estamentos (estudiantes y profesores) sin los egresados. Son necesarios los tres. Por eso fuimos a Bellas Artes a recibir los votos. En Aguachica sí votaron los estudiantes, allí se salva ese estamento. Si los candidatos hubieran conservado sus veedores en el proceso virtual y no nos hubieran abandonado, nosotros hubiéramos garantizado el estamento egresado, pero solamente el Tribunal no podría llevar el proceso virtual porque luego los candidatos señalarían que el proceso era nulo y estaba viciado. Antes que ellos realicen esas acciones debíamos ser responsables”, manifestó Samir Bracho, representante de los egresados en el Tribunal de Garantías.

A lo anterior se le sumó el caos que protagonizaron externos a la universidad en la noche del jueves. Los jurados, atemorizados, huyeron de los puestos de votación abandonando las cajas donde se guardaban los votos.

A las siete de la noche, ya había transcurrido el proceso de manera normal y la cantidad de estudiantes que había ejercido era bastante grande, hicieron un bajón de luz y los jurados se sintieron desprotegidos porque empezaron a tirar botellas en contra de las urnas. En ese momento se pierde la cadena de custodia entre los jurados y los votos. Ellos acceden a guardar todo en una oficina pero ya era difícil garantizar la transparencia del proceso. Por esa razón el tribunal decide suspender el proceso”, relataron voceros del Tribunal de Garantías.

La elección del 28 de noviembre fue el segundo intento en fracasar. FOTO/JOAQUÍN RAMÍREZ

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ORDEN PÚBLICO

¿Por qué no se contó con el acompañamiento de la Policía? Según la ahora exrectora, Alexi Brito, se le solicitó al comandante de la Policía colocar una patrulla al frente de la institución, sin embargo, las autoridades señalaron que “se podría ver como una provocación a los estudiantes teniendo en cuenta la situación del país”.

No podemos ser ajenos a esa situación. Ellos señalaron que estaban dispuestos a apoyarnos y así lo hicieron. Ellos hicieron presencia en el lugar cuando se alteró el orden público”, señaló.

El Tribunal de Garantías enviará ante las Fiscalías los documentos y pruebas para que este investigue sobre quiénes lideraron el sabotaje al proceso bajo el argumento que los culpables son responsables de delitos electorales.

Segundo fracaso en la realización de la consulta. Por eso, es determinante conocer quiénes son los responsables y por qué no quieren que se desarrolle el proceso para elegir rector. Mientras, la Universidad Popular del Cesar sigue siendo noticia pero por el manto de dudas que reposa sobre sus autoridades.

Redacción/EL PILÓN