La semana anterior conocimos noticias de gran impacto con epicentro en el Cesar. Por un lado, el desplazamiento desde el Catatumbo de familias enteras escapando de la guerra y buscando refugio; segundo, la captura y trámite de extradición de Luis Mariano Rojas, conocido como “el Dominicano”, y, para más sobresalto, el homicidio de Zaida Andrea Sánchez, famosa como la “Diabla”, mencionada constantemente en la tragedia de la familia Lora en Aguachica terminando diciembre de 2024.

Los detalles de cada caso no se desarrollarán en esta columna; con mucha precisión los ha publicado mi amigo y cliente Jacobo Solano en su cuenta de X (Twitter) siendo actualmente la fuente más consultada por medios nacionales sobre hechos relacionados con organizaciones criminales. Lo que se debe mirar, más allá del asombro de estas noticias, es el origen de cada una de ellas, siendo puntualmente el narcotráfico un fenómeno cuyos efectos se viven en el Cesar con mayor intensidad que en otros tiempos.

Nuestra sociedad ha desplegado toda una admiración a la riqueza derivada de las actividades ligadas al narcotráfico. La figura de Pablo Escobar ayudó mucho en eso, reforzado por las llamadas narconovelas, pero sin detenernos en los mitos, lo que es cierto es que, actualmente, la coca es el producto de mayor demanda en nuestro país. Medios económicos como diario La República, en algún momento, consideraron que la cocaína podría sustituir al petróleo como el principal producto de exportación. Esto explica que parte de la cadena inherente al narcotráfico se haya instalado en el Cesar.

Lo que conocemos como narcotráfico está incluido en nuestro Código Penal en un título denominado “De los delitos contra la salud pública”; y allí aparece el capítulo dedicado al “tráfico de estupefacientes y otras infracciones” con una lista de delitos que representan todos el narcotráfico; es decir, que esta palabra la usamos de manera indiscriminada cuando hablamos de cualquier delito que comprometa drogas cuyo uso o consumo sean catalogados como ilegales teniendo entre esos delitos conservación o financiación de plantaciones (art. 375 del Código Penal); tráfico, fabricación o porte de estupefaciente (art. 376); destinación ilícita de muebles o inmuebles (art. 377), esta conducta se refiere a quien disponga de un bien para elaborar, almacenar o transportar esas drogas ilícitas; uso, construcción, comercialización y/o tenencia de semisumergibles o sumergibles (art. 377A); estímulo al uso ilícito (art. 378) y así observamos otras conductas que son parte de la galería de delitos a los que llamamos, de manera indiferente, narcotráfico y muchas de ellas se están ejecutando en el departamento del Cesar.

Como parte de la política criminal se ha buscado combatir todos estos delitos que conforman el narcotráfico con el incremento de las penas y el tratamiento severo al procesado, por lo que una persona a la que se le inicia un proceso por estos delitos fácilmente un fiscal puede solicitarle medida de aseguramiento paralelamente a la imposición de medidas cautelares sobre bienes usados para esa actividad ilícita con el riesgo de ser trasladado a un centro penitenciario de alta seguridad como la ‘Tramacúa’, acá en Valledupar, o Cómbita en Boyacá.

El narcotráfico en varias de sus modalidades está presente en nuestro departamento, incluso la extradición por este delito no es común en estas tierras, como la inesperada orden del “Dominicano”, pero algunas personas de nuestra sociedad han sido capturadas con el fin de ser presentados ante jueces de los distritos de EE. UU. para responder por esos delitos.

Carlos Andrés Añez Maestre