Hemos procurado que las voluntades, de todos unidos , estamentos,  partidos, gobiernos, nos concentremos en superar esta tragedia que representa el coronavirus para la humanidad.

Cuando un bien superior lo amerita todos a cerrar filas. Valoramos la declaración, en el escenario nacional, del expresidente Santos: “presidente Duque, soy un soldado a su disposición”  en lo que se  pueda apoyar. Con pertinencia, remató afirmando que después vendrán las interpretaciones y juicios políticos sobre la conducción del gobierno frente a la pandemia, como es usual  en la sociedad democrática .

No hemos querido prestarnos para que se  convierta  cualquier disputa política en pretexto para que se bajen los ánimos del gobernante en combatir el enemigo común, el coronavirus. Frente al que hay que actuar con rapidez y eficacia, por lo que  el  Gobierno nacional en un decreto ley dio facultades a los mandatarios secciónales para que usaran la ‘urgencia manifiesta’ para actuar.

Con todo no  podemos esperar de buena fe que el mandatario pueda trabajar con dedicación, y hacer una pausa  si se  abusa de las facultades cuando los bienes que adquiere el Estado deben obtenerse al mejor precio del mercado y por proveedores idóneos.

Aquí  tal vez con la intención de hacerlo bien y llevar la ayuda oportuna al necesitado.

Pero según  pruebas no desvirtuadas  en 41 contratos suscritos por la Gobernación de el Cesar por el orden de $ 17.000 millones, no se cumplió el requisito de buscar el menor precio por el producto  y al contratista  idóneo.

¿Por qué no se contrató con una gran superficie (Éxito, Olimpica, Justo y Bueno, Makro, Metro, Mi Futuro) buscando calidad, seriedad y el mejor precio por volumen cuando se iban a comprar 100.000 mercados? ¿Por qué se hizo en tiendas dispersas y con fundaciones que no tienen nada que ver con el suministro de esos productos?

No es suficiente con que se diga que la comunidad habría quedado satisfecha.  ¿Acaso va a preguntar cuánto costó el mercado que le regalan?

El  gobernante que goza  la gloria también debe exponerse al cuestionamiento de sus actuaciones.

La constitución garantizó el libre ejercicio de la oposición. En este caso, ejercida por la diputada que obtuvo su  condición por sacar la segunda votación en la elección a la Gobernación, Claudia Margarita Zuleta,  y el diputado Quintín Quintero, los denunciantes.

Denuncia que luego oímos en la investigación ‘Así se gastó la plata la gobernación del Cesar para atender la pandemia’, adelantada por Radio Guatapurí, que advierte sobre el fraccionamiento de la contratación con personas  “sin experiencia en el suministro de alimentos”

Ante el revuelo causado, el gobernador, se defendió por Twitter. “Es preferible pecar por acción que por omisión; que me califiquen por lo que hago y no por lo que deje de hacer. Tengan la certeza de que nosotros hemos actuado con transparencia”.

Esas son explicaciones generales. Debe aprovechar la oportunidad que todos damos para desvirtuar con contundencia y detalle y claridad las pruebas presentadas. Si contrató la secretaria general por delegación, el gobernador no está eximido de responsabilidad.