MEDIO AMBIENTE
Segunda parte
Por: Hernán Maestre Martínez
Valledupar Ciudad Ecológica de Colombia. Recuperemos y conservemos las cuencas de los ríos Guatapurí y Cesar. Hagamos causa común para que el Embalse Los Besotes sea una realidad, es agua para la vida en Valledupar, La Paz y San Diego.
Continuamos con este tema, diciendo que el 50% del departamento está titulado y con las solicitudes por resolver en Ingeominas, fácilmente del 70 al 80% del departamento será convertido en minería de carbón. Mientras la gran minería siga siendo considerada una actividad de interés nacional a rajatabla y sin que medien otras razones de índole ambiental o social o de sostenibilidad, racionalidad y planeación, el estado de las cosas no va a cambiar y muy seguramente va a empeorar.
La organización Colombia Punto Medio propone congelar la titulación minera en el departamento del Cesar y proceder a estudiar a fondo las consecuencias sociales y ambientales presentes y futuras de la minería a cielo abierto desarrollado hasta la fecha y sobre bases firmes y científicas, enderezar el rumbo de esta actividad y despejar el futuro de un departamento condenado a la desertización.
Pensar en una minería nacional planificada y desarrollada en el marco del desarrollo sostenible, implica modificar la orientación de la política minera y armonizar esta actividad con las preocupaciones ambientales de la sociedad.
Desde Bogotá no se ven los bosques del Cesar.
Ingeominas, por delegación del Ministerio de Minas y Energía (MME), y el Ministerio de Ambiente, suscriben contratos mineros y establecen licencias ambientales, respectivamente, en áreas a miles de kilómetros, sin un conocimiento pleno y detallado de las zonas concesionadas y realizando una o dos visitas de fiscalización al año para hacer seguimiento de los planes mineros y de manejo ambiental, anotamos, ¿no les parece mucha irresponsabilidad?.
“En materia de minería la autonomía de las regiones no existe y los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), se deciden en Bogotá. Cada vez que se expide un título minero o una licencia ambiental se ignora la autonomía administrativa y el conocimiento regional del territorio; para nada se consultan las regiones, aunque después nos reclaman mayor responsabilidad ambiental y social”, dice Alfredo Coronado, asesor de la gobernación para la gran minería.
Los ministerios mencionados no tienen capacidad para cumplir con sus obligaciones de seguimiento y fiscalización de los títulos mineros y las obligaciones ambientales de las empresas.
La deficiente coordinación entre las autoridades a nivel nacional hace que el estado no ejerza el control sobre el curso de la locomotora minera y la reciente propuesta del ministerio de Minas y Energía para reformar el código de minas demuestra que no existe el menor interés por armonizar el desarrollo minero y la preservación de la biodiversidad. Tampoco existe ninguna comunicación o coordinación entre Minambiente y Corpocesar. Muy grave también es la inexistencia de estudios oficiales de base, que permitan contrastar la situación actual del departamento con el estado previo al auge minero y analizar, más allá de los estudios propios de las empresas mineras, lo que real y objetivamente ha sucedido con las aguas superficiales y subterráneas, la flora y fauna nativa, los promontorios del valle que no se volverán a ver, la calidad de los suelos y el aire.
Pocos estudios realizados revelan que el 14% de los ecosistemas del departamento han sido afectados por la gran minería y que el 71% de las solicitudes mineras que reposan en Ingeominas afectarían otro 85% de los ecosistemas. El recurso hídrico ha sido el elemento más afectado por la gran minería, desaparición de cuerpos de agua, como ciénagas y quebradas, y el desvío de ríos de acuerdo con las necesidades de las grandes compañías mineras, ejemplo el río Calenturitas, reubicado varias veces con licencia de minambiente, perjudicando gravemente a los cultivadores de palma.
