Cuando el senador Jorge Robledo hizo pública la relación profesional del señor fiscal general con el grupo económico de Luis Carlos Sarmiento Angulo y que como miembro de la firma Martínez Neira Abogados habría jugado un papel importante en la aprobación de un crédito sénior por 120 mil millones de pesos con el Banco Agrario a favor del Consorcio Navelena, conformado en un 87 % por Odebrecht y en un 13 % por Valorcom de la familia Gerlein, soñamos con que por fin se develarían los verdaderos intereses de muchas decisiones judiciales en nuestro país.

Ante la potencial incompatibilidad el funcionario denunció al senador por injuria y calumnia, pero luego de varias horas frente a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en medio de risas se anunció que el doctor Néstor Humberto Martínez retiraba la denuncia en una sorpresiva conciliación.

¿Qué pasaría entonces?, dicen las notas de prensa que el fiscal llegó a la audiencia con certificaciones de Navelana y del Banco Agrario negando la asesoría, mientras que Robledo se presentó con un certificado de la oficina del vicepresidente financiero del mismo banco, aceptando la injerencia de la firma de abogados en la aprobación del crédito que luego utilizarían para pagar una deuda contraída con el Banco de Occidente del Grupo Aval. Parece que hubo dos verdades.

Lo que haya sido, en vez de verse como la preclusión feliz de un proceso jurídico, debiera ser el inicio de otro mucho más sustancial que inicialmente comprometería el uso que cada una de las partes le dio a las pruebas presentadas, porque una entidad como el Banco Agrario no puede emitir dos certificaciones con versiones totalmente antagónicas, corriendo el riesgo de configurar una falsedad material e ideológica que a la luz del Código Penal Colombiano se castiga con prisión para el que firmó y para quien se pudiere beneficiar de dicho documento.

Ahora quedamos como al principio. No sabemos si realmente el fiscal actuó como asesor en el multimillonario crédito, si la firma de abogados realmente dejó de ser del fiscal o simplemente hace parte de una treta documental para, por interpuesto propietario, seguir facturando asesorías a importantes grupos económicos con el atractivo adicional de ostentar una alta dignidad de la justicia; igualmente desconocemos si el senador Robledo sabía realmente que su acalorado discurso era solo una puesta en escena a sabiendas de la inocencia del funcionario, buscando que una mentira repetida se convirtiera en verdad, como muchas veces sucede frente a la opinión pública.

El laberinto judicial una vez más ocultó los intereses que se mueven en el alto gobierno y que inexorablemente comprometen la credibilidad de la justicia en cualquiera de sus escenarios de control. Una cosa es la realidad de un hecho y otra muy distinta la que se puede probar en los estrados judiciales. En este caso lo más grave es que el acomodado letargo contaminó a la izquierda, más preocupada por su efímero protagonismo personal que por promover la beligerancia política en busca de la verdad. Un abrazo.

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Por Antonio María Araújo Calderón