Honor me hace El Pilón al permitirme este espacio de opinión, el cual utilizaré para analizar temas de actualidad y proponer soluciones a problemas estructurales del desarrollo en nuestra región.

Comienzo resaltando el avance que representa para nuestra “democracia” el recién estrenado Estatuto de Oposición; el cual contiene instrumentos esenciales para acabar con el unanimismo que ha caracterizado en las últimas décadas a la mayoría de los gobiernos, sobre todo territoriales.

Nuestro débil sistema democrático carecía de garantías e instrumentos para poder ejercer oposición y esto ha facilitado el surgimiento de ¨imperios¨ locales, que, a través del poder político, han terminado apoderándose de las fuentes de riqueza, empleo e información.

El Estatuto de Oposición es una deuda que se tenía con la democracia. La Constitución del 91 consagró la oposición como un derecho para las organizaciones políticas minoritarias o que se declararan en oposición a los gobiernos.

Sin embargo, solo hasta el 9 de julio del año 2018 se expidió la Ley 1909, que reglamenta la oposición como un derecho en Colombia. El pasado 1ro de enero se estrenó en los territorios. Corresponde a los actuales concejales y diputados demostrar con gallardía lo importante que es en un gobierno, ejercer el derecho a la crítica, el disenso, el debate y la proposición.

La oposición no puede entenderse como saboteo u obstrucción al desempeño de un mandato, por el contrario, se trata de una mirada objetiva, desde una orilla distinta a la que pertenece el gobierno oficial.

La oposición política es un derecho que legitima la democracia, siempre y cuando represente ideales, pensamientos, principios y valores diferentes u opuestos a quienes ostentan el poder.

Lo más relevante de esta ley son los instrumentos que contempla, pues, algunos de ellos no tienen precedente en nuestro sistema: tales como la financiación para el ejercicio de la oposición; o el acceso a los medios de comunicación; o el derecho a ocupar curules en el congreso, las asambleas y los concejos municipales por parte de los candidatos que respectivamente obtengan la segunda votación.

Hay que destacar que el reconocimiento al derecho a la oposición política, establecido en la ley objeto de este análisis, fue una exigencia de las Farc en las discusiones de la Habana, que luego quedaron plasmadas en el punto 2 del Acuerdo de Paz, relacionado con la participación política.

Lastimosamente el congreso de la república dilapidó dos décadas discutiendo proyectos de ley sin éxito para reglamentar el mandato constitucional sobre el ejercicio de la oposición.

Los intereses mezquinos que confluyen en el legislativo y la falta de voluntad política del gobierno nacional habían impedido avanzar en esta materia.

Pero nunca es tarde, a pesar de que se hubiese podido evitar dos décadas de abusos de poder, inversiones públicas innecesarias y desvíos de recursos que se han dado por parte de alcaldes y gobernadores, que actuaron bajo su propio parecer con el beneplácito de los concejos y las asambleas, hasta de las entidades de control local y regional con una que otra excepción.

“Ningún gobierno puede mantenerse sólido mucho tiempo sin una oposición temible” expresó el Ex Primer Ministro Inglés Benjamín Disraeli, y esta debe ser la visión correcta de los mandatarios respecto a la oposición y de la oposición hacia los gobiernos. Un mandatario sensato entiende el valor agregado que representa para su administración el sano ejercicio de la oposición.

“Más vale tarde que nunca”, dijo el filósofo griego Diógenes de Sinope, cuando lo criticaron por querer aprender algo nuevo siendo ya de edad avanzada, por ello nunca es tarde, bienvenido el estatuto de la “oposición”.