Por Redacción EL PILÓN 

A comienzos del mes de marzo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios intervino Emdupar con el propósito de salvarla. La decisión llegó luego de conocerse los resultados financieros del 2022. Contrario a tomar aire, la crisis de la empresa se agudizó el año pasado.

EL PILÓN conoció el informe financiero de la Empresa de Servicios Públicos. Lo más preocupante fue el incremento de los pasivos. De los $127.554 millones registrados en el 2021, para el 2022, Emdupar pasó a tener pasivos superiores a los $143.221 millones. Entre otros puntos, los pasivos incrementaron por el no pago de los beneficios a los trabajadores y el atraso en algunas deudas con los acreedores. 

En ese sentido, Emdupar le debe a sus trabajadores, por beneficios adquiridos en la convención colectiva, más de $23.728 millones de pesos, deuda que aumentó más del 100% durante el 2022. 

UNA EMPRESA NO RENTABLE

La crisis financiera y  operacional de la empresa llevó a que durante el 2022 registrara pérdidas. Pese a que alcanzó ingresos por más de $58.624 millones, los gastos operacionales, salarios, deudas e impuestos, llevaron a que la utilidad fuera negativa (-$6.128 millones). Es decir, la empresa gastó más de lo que recibió.

Durante el 2022, la empresa tuvo dos gerentes. Soledad Manjarréz, quien estuvo hasta junio de 2022. En su reemplazo llegó Luis Calderón, quien salió a inicios del 2023 en medio de una polémica por presuntas irregularidades. 

La empresa empezó a presentar resultados negativos en sus finanzas desde el 2021, luego de la pandemia provocada por el covid-19. El 2020 fue el último año en el que tuvo resultados positivos. 

NO PAGAN

Además de mejorar la transparencia y hacer más efectiva su operación, el mayor desafío de la Superservicios es lograr que los usuarios de la empresa paguen el recibo y recuperar la cartera. A corte de 2022, los usuarios de la empresa le debían alrededor de $88.934 millones. La deuda se concentra principalmente en los estratos 1 y 2.  

El problema es que más de la mitad de la cartera son cuentas de difícil recaudo, es decir, no han registrado avances ni aportes en los últimos 12 meses. 

Lo claro es que sin el pago de los usuarios es imposible que la empresa salga adelante, como señaló el agente interventor Pablo Jaramillo, quien se posesionó el pasado viernes, en reemplazo de Germán González. 

Además de los malapagas, el otro problema son las pérdidas. Según cálculos internos, más del 60% del agua que capta la empresa se pierde por el mal estado de las tuberías, las cuales no han sido cambiadas por la falta de inversión.

Incluso, la empresa presenta un rezago en las inversiones del Plan de Obras e Inversiones Regulado, POIR, por aproximadamente $120 mil millones de pesos, “lo que puede implicar la obligatoriedad de realizar devoluciones a los usuarios por inversiones no ejecutadas”, según la revisor fiscal de la entidad. 

En ese sentido, el agente interventor de la empresa señaló que están buscando la forma de inyectar recursos a la empresa. “Esperamos que todos los acreedores y los trabajadores nos ayuden para sacar adelante la empresa, y superar ese rezago que tiene en temas de infraestructura y servicio. Detrás mío está la Superintendencia de Servicios Públicos con sus asesores y expertos, quienes nos están apoyando en términos técnicos y jurídicos para inyectar un dinero y salvar la empresa”, señaló Jaramillo.