Por esta época del año es usual recibir con insistencia titulares que alertan de los incendios en el departamento del Cesar, situación calcada a la que viven a fecha de hoy más de 170 municipios en 19 departamentos del país.
Usualmente las altas temperaturas, la disposición de basuras inadecuadamente, así como la tradición rural de quema “controlada” para ampliar la frontera agrícola, desencadenan micro-tragedias atomizadas de las que aún no entendemos las implicaciones, ni en nuestra salud y ni en el desarrollo socioeconómico.
Los reportes evidencian que los incendios forestales son los eventos más frecuentes en Colombia, por encima de las inundaciones, deslizamientos, entre otros. Se calcula que en el 2024 ocurrieron más de 6 mil incendios forestales en el país consumiendo más de 216 mil hectáreas, un área que supera a la ocupada por el casco urbano de Bogotá, a 5 cascos urbanos de Medellín o 10 de Cali.
El impacto ambiental es incalculable. En cada evento se afecta la vegetación nativa, la fauna silvestre, y los suelos quedan inhabilitados para futuras siembras. En la retina de los pobladores quedarán los registros videográficos de los jaguares huyendo del voraz fuego en la Sabana Crespo en Valledupar, los incendios implacables en los cerros orientales en Bogotá, o los carbonizados frailejones en el Páramo de Santurbán en Santander.
Teniendo en cuenta que uno de los factores agravantes son los vientos, con ellos también se movilizan miles de toneladas de material particulado y gases tóxicos para los seres humanos, los cuales por su potencial efecto invernadero, generan un aumento de la temperatura en las áreas afectadas.
Por su parte, está bien estudiado el impacto de la exposición a material particulado, dióxido de carbono, metano y otros gases tóxicos en la salud humana. Desde problemas aparentemente insignificantes como la irritación ocular, irritación de la piel, tos, hasta desarrollar o empeorar enfermedades crónicas irreversibles. Las poblaciones con mayor vulnerabilidad son aquellas con antecedentes cardiovasculares, los adultos mayores y por supuesto los niños. Es usual que los servicios de urgencias colapsen por causas asociadas durante estos eventos ambientales. Sin un adecuado sistema de monitoreo de la calidad del aire, y ante la ausencia de datos abiertos en tiempo real, es imposible tomar decisiones en conjunto para evitar exposiciones innecesarias.
No más actitudes pasivas ante las emergencias, como está pronosticado, todo apunta a que los incendios forestales aumentarán en número e intensidad. Y aunque las llamas se enciendan episódicamente, la acción política no puede reducirse a “chorros de agua tibia”. El gobierno nacional, gobernadores y alcaldes deben asumir con mayor compromiso la preparación para este tipo de eventos.
Es fundamental desarrollar capacidad técnica en los territorios, endurecer las normas sancionatorias para los infractores, y ajustar los permisivos niveles máximos de contaminación. Si reconocemos que casi en la totalidad de los casos, los incendios son de origen humano, la educación a nuestras comunidades debe superar los simples mensajes masivos en los medios de comunicación (con nulo impacto en el problema) y deben incluir estrategias como la gestión del territorio con la creación de “paisajes cortafuegos” en las áreas de mayor incidencia. Por último, la fuerza bomberil es insuficiente para atender este tipo de emergencias, y la financiación de estas organizaciones suele ser insuficiente para garantizar la capacidad tope ante emergencias. Basta de bomberos mendigando salarios y recursos económicos.
Oscar Araújo Quintana
Médico UIS
