EL PILÓN dialogó con la excandidata a la Gobernación del Cesar sobre la prohibición de consumo de drogas en los parques.
La decisión del alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, de decretar la prohibición del consumo, porte y tráfico de drogas en espacios como colegios y parques de la ciudad, despertó cientos de reacciones en toda la ciudad. La diputada Claudia Margarita Zuleta fue una de los sectores que apoyó la iniciativa. EL PILÓN dialogó con la excandidata a la Gobernación del Cesar sobre el tema.
Esta es una medida que protege a los ciudadanos, especialmente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que son los más asiduos visitantes de estos lugares, y les permite poder disfrutar de un ambiente sano y hacerlos menos susceptibles al poder delincuencial del jíbaro.
Ya varios mandatarios del país han adoptado los actos administrativos necesarios para reglamentar el uso de espacios públicos y la prohibición en ellos del detestable consumo de drogas, por eso, desde la Asamblea Departamental y desde este espacio, hago un respetuoso llamado a todos los alcaldes del departamento del Cesar, para que adopten estas medidas que mitigan los riesgos inmensos de caer en las redes de los microtraficantes a la que están expuestos, especialmente, los niños y jóvenes.
La postura que defiendo no riñe con las tesis de quienes defienden las libertades individuales. De hecho, acepto complacida que en Colombia hace muchos años, exactamente desde la expedición del estatuto nacional de estupefacientes, Ley 30 de 1986, se encuentra despenalizado el consumo de drogas y el porte de dosis personal, como medida protectora del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Sin embargo, es necesario recordar que el ejercicio y goce de todos los derechos encuentra límite en el punto donde se vulnera o se pone en riesgo los derechos de los demás. En este caso, defiendo el derecho de todos los ciudadanos de usar, disfrutar y aprovechar un espacio público seguro y sano.
Ahora, la necesidad de esta regulación por parte de los mandatarios locales se da por la derogatoria hecha el pasado 7 de diciembre de 2023 por el presidente Gustavo Petro, del decreto que facultaba a la Policía para combatir el microtráfico en espacios públicos.
Se trata del Decreto 1844 de 2018, que reglamentaba parcialmente el Código Nacional de Policía en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas. Sin estas facultades, los uniformados no podrán hacer nada cuando en un parque o frente a un colegio haya reuniones de personas dedicadas al consumo de drogas.
Se trata entonces de un llamado urgente a que los alcaldes cumplan el deber estatal de respeto y protección del interés general, que se le ponga límites proporcionados a la práctica en el espacio de uso público, de comportamientos que afectan la tranquilidad de las personas y ponen en riesgo la integridad de los niños, niñas y adolescentes, y se adopten medidas de seguridad ciudadana que protejan el derecho colectivo al uso de un espacio público seguro y sano en donde se puedan satisfacer necesidades colectivas de todas las personas.
En defensa de los valores que históricamente han tenido las familias colombianas, esencialmente familias conservadoras y de buenas costumbres, que quieren sentirse tranquilos cuando sus hijos van al parque porque no tendrán que toparse con consumidores, que, sin duda, generan varios tipos de riesgos.
Por Deivis Caro
EL PILÓN dialogó con la excandidata a la Gobernación del Cesar sobre la prohibición de consumo de drogas en los parques.
La decisión del alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, de decretar la prohibición del consumo, porte y tráfico de drogas en espacios como colegios y parques de la ciudad, despertó cientos de reacciones en toda la ciudad. La diputada Claudia Margarita Zuleta fue una de los sectores que apoyó la iniciativa. EL PILÓN dialogó con la excandidata a la Gobernación del Cesar sobre el tema.
Esta es una medida que protege a los ciudadanos, especialmente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que son los más asiduos visitantes de estos lugares, y les permite poder disfrutar de un ambiente sano y hacerlos menos susceptibles al poder delincuencial del jíbaro.
Ya varios mandatarios del país han adoptado los actos administrativos necesarios para reglamentar el uso de espacios públicos y la prohibición en ellos del detestable consumo de drogas, por eso, desde la Asamblea Departamental y desde este espacio, hago un respetuoso llamado a todos los alcaldes del departamento del Cesar, para que adopten estas medidas que mitigan los riesgos inmensos de caer en las redes de los microtraficantes a la que están expuestos, especialmente, los niños y jóvenes.
La postura que defiendo no riñe con las tesis de quienes defienden las libertades individuales. De hecho, acepto complacida que en Colombia hace muchos años, exactamente desde la expedición del estatuto nacional de estupefacientes, Ley 30 de 1986, se encuentra despenalizado el consumo de drogas y el porte de dosis personal, como medida protectora del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Sin embargo, es necesario recordar que el ejercicio y goce de todos los derechos encuentra límite en el punto donde se vulnera o se pone en riesgo los derechos de los demás. En este caso, defiendo el derecho de todos los ciudadanos de usar, disfrutar y aprovechar un espacio público seguro y sano.
Ahora, la necesidad de esta regulación por parte de los mandatarios locales se da por la derogatoria hecha el pasado 7 de diciembre de 2023 por el presidente Gustavo Petro, del decreto que facultaba a la Policía para combatir el microtráfico en espacios públicos.
Se trata del Decreto 1844 de 2018, que reglamentaba parcialmente el Código Nacional de Policía en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas. Sin estas facultades, los uniformados no podrán hacer nada cuando en un parque o frente a un colegio haya reuniones de personas dedicadas al consumo de drogas.
Se trata entonces de un llamado urgente a que los alcaldes cumplan el deber estatal de respeto y protección del interés general, que se le ponga límites proporcionados a la práctica en el espacio de uso público, de comportamientos que afectan la tranquilidad de las personas y ponen en riesgo la integridad de los niños, niñas y adolescentes, y se adopten medidas de seguridad ciudadana que protejan el derecho colectivo al uso de un espacio público seguro y sano en donde se puedan satisfacer necesidades colectivas de todas las personas.
En defensa de los valores que históricamente han tenido las familias colombianas, esencialmente familias conservadoras y de buenas costumbres, que quieren sentirse tranquilos cuando sus hijos van al parque porque no tendrán que toparse con consumidores, que, sin duda, generan varios tipos de riesgos.
Por Deivis Caro