El paro camionero de 2024 ha sido una expresión de las tensiones acumuladas entre el sector transporte y el Gobierno. El detonante fue el aumento del precio del diésel, las razones van mucho más allá de un ajuste en ACPM. Los transportadores, que ya enfrentaban dificultades debido a la inflación, los altos costos operativos, elevados peajes, vías en mal estado y el envejecimiento de su flota, encontraron en este aumento una razón para movilizarse. Lo que nos deja este paro es una reflexión sobre la fragilidad de nuestra economía.

En lo económico, el paro ha desnudado una verdad incómoda: nuestra dependencia extrema del transporte de carga terrestre. Con un país tan diverso y geográficamente complejo, la infraestructura vial se convierte en el pilar de la distribución de productos, especialmente alimentos. Este paro ha generado aumentos desmesurados en los precios de productos básicos como cebollín, papa, lechuga, yuca y huevos, entre otros. Alcanzando incrementos de hasta un 100 % en apenas tres días​. Afectando a los sectores más vulnerables de la población, quienes destinan una gran parte de sus ingresos a la canasta básica.

Los efectos del paro también nos llevan a cuestionar la sostenibilidad del modelo de transporte en Colombia. Una modernización del parque automotor que incluya incentivos para la renovación de camiones y buses hoy es más necesaria que nunca. Las soluciones no pueden limitarse a subsidios o congelamientos temporales de precios de combustibles, sino que deben enfrentar el problema desde la raíz, con políticas de largo plazo que mejoren la competitividad del sector.

Este paro nos recuerda la alta vulnerabilidad de las regiones con inseguridad alimentaria. Territorios como el Cesar, que dependen casi exclusivamente de los productos provenientes de Cundinamarca, Boyacá y Santander, han estado más cerca de sufrir de un desabastecimiento considerable. El incremento de precios y la falta de acceso a alimentos básicos ponen en riesgo el bienestar de miles de familias. Esta situación pone de presente la importancia de crear sistemas de producción alimentaria en nuestra región, que reduzcan la dependencia de estas zonas con respecto a otras.

Es aquí donde los gobernantes deben asumir una responsabilidad mayor. Las herramientas para enfrentar este tipo de crisis existen: los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR), los Programas Agropecuarios Municipales (PAM), los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA) y los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario, Rural y de Tierras (PIDARET) son todos instrumentos diseñados para promover un desarrollo rural sostenible y autónomo. Muchas veces estos planes quedan en el papel, cumpliendo únicamente con una exigencia legal. Los hechos recientes deben ser un llamado a que estos mecanismos se implementen de manera efectiva, como una política pública y no como una solución en respuesta ante una crisis.

No podemos seguir improvisando. Las autoridades locales, regionales y nacionales deben trabajar de manera coordinada para implementar estas herramientas de desarrollo rural, promoviendo un sistema más equilibrado que garantice la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de nuestras regiones.

Por Ricardo Reyes / Presidente Junta Directiva Fenalco Cesar